La empresa ganadora explotará la unidad turística fiscal de la zona sur por 20 años. En el lugar se permitirá la instalación de algún tipo de alojamiento de carácter removible y actividades gastronómicas.
El gobierno municipal adjudicó por 20 años la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Redonda a la empresa Santiago de Compostela 1943, que abonará un canon anual de $ 90 millones y prometió una inversión en obra e infraestructura superior a los $ 2.521 millones.
Así lo resolvió a través de la resolución 121/2026 del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), tras un proceso licitatorio en el que se presentaron dos oferentes en el segundo llamado (el primero no tuvo ofertas válidas y admisibles).
Playa Redonda –ubicada en el kilómetro 14,7 de la ruta 11– tiene una superficie total de 45.510 metros cuadrados y un pequeño sector de playa apto para baño.
Según lo establecido en el pliego de bases y condiciones, en el balneario se podrán desarrollar actividades comerciales de distinta índole, cuya condición básica será “la innovación, la integralidad y la calidad de las propuestas”.
En el lugar se permitirá la instalación de algún tipo de alojamiento de carácter removible (estilo domos o casas container) y actividades gastronómicas (restaurante, comidas rápidas, cafetería/confitería o heladería). En el lote de arena se podrán colocar hasta 30 unidades de sombra móvil.
Sin embargo, el pliego determina “no admisible la incorporación de actividades asociadas a la nocturnidad, tales como locales bailables, espectáculos con música en vivo o grabada, eventos masivos, recitales, shows y modalidades de alojamiento turístico que impliquen el desarrollo de grandes obras infraestructura (hoteles, hospedajes, apart hoteles).
Hasta ahora, Playa Redonda era explotada por la Asociación Civil Marplatenses Conservacionistas a través de un permiso precario que se renovó para la última temporada con el aval del Concejo Deliberante.
Durante el gobierno de Carlos Arroyo, concretamente entre 2018 y 2019, Playa Redonda quedó en el centro del escándalo de la ONG Rancho Móvil, que en aquel entonces tenía a cargo el predio (también mediante un permiso precario) y construyó cabañas de manera ilegal, lo que derivó en la caducidad del permiso.